Se cumplieron 9 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género (26.743) por la cual 9.383 personas obtuvieron el DNI conforme a su género autopercibido. Jackeline Romero, integrante de la Red Diversa Positiva en Argentina y responsable celebró un nuevo aniversario de la normativa: “Pasamos a llamarnos como realmente nos sentíamos”.

En declaraciones a Aire Libre, Romero, que también se desempeña como responsable de diversidades en la Secretaría de Género y Diversidad de Rosario, enfatizó que la ley también ampara la salud integral, contemplada en el famoso artículo 11, que muchas veces no se cumple. “Es significativo que tengamos en cuenta que no es solamente tener un documento sino todo lo que implica en materia de derechos tener ese DNI: acceso a la salud, a la educación, a la Justicia”, explicó.

En cuanto a las luchas que quedan por delante, la activista consideró que el acceso al trabajo sigue siendo una deuda para ese colectivo. “El trabajo es un derecho básico y fundamental y nosotros somos ciudadanos y ciudadanas de primera. El trabajo es lo que marca el bienestar de un sujeto de derecho, si nosotros tenemos trabajo el resto se soluciona solo”.

El gobernador Omar Perotti anunció esta semana que la Secretaría de Estado de Igualdad y Género elevará su rango a Ministerio. En ese marco, Celia Arena, titular del área, celebró la decisión y adelantó que hay “una decisión clara” por parte del gobierno para que la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) avance en la Legislatura.

En declaraciones a Aire Libre, la funcionaria consideró que esa ley “es un pilar fundamental en la resolución de brechas y los cambios culturales necesarios” para los tiempos que corren.

“Hay una decisión clara del Ministerio de Educación de la Provincia en avanzar y consolidar el espacio de la ESI, amparados en la ley nacional que lo habilita. La decisión es consolidar a nuestros equipo de ESI y estamos haciendo un muy buen trabajo en conjunto, avanzando en formaciones y capacitaciones a distintas escuelas y organizaciones”, señaló la funcionaria.

La Justicia santafesina condenó a un hombre a pagar un resarcimiento económico a su expareja en compensación a las tareas domésticas realizadas en lo que duró la convivencia. Para la jueza Andrea Brunetti, se trata de un “excelente fallo” que contiene un razonamiento “con un enfoque de género y en clave de derechos humanos”.

Según contó a Aire Libre, se trata de una pareja que convivió unos 10 años pero sin contraer matrimonio, con lo cual no se contempla el régimen de ganancialidad en materia de bienes. Al momento de la separación, la mujer reclamó la división de los bienes comunes, un auto y un inmueble, argumentando que aportó para la compra de ambos a pesar de que no figura en la titularidad.

El Poder Judicial santafesino terminó ordenando una recomposición económica por ese “enriquecimiento sin causa” que se produce por parte del demandado con la ruptura de la unión convivencial. “Él queda viviendo en la casa y ella nunca va a poder adquirir el bien, porque no lo puede comprobar, pero sí contribuyó con todos los esfuerzos a la adquisición y refacción de ese inmueble”, explicó la jueza.

“Lo notorio de este fallo es que ha ponderado esas tareas económicas a la hora de evaluarlas como aporte económico para la adquisición y mejora de un bien”, expresó Brunetti y agregó: “Es uno de los pocos casos que da esta valoración, y por eso la importancia del fallo”.