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Caso Vicentin: “Era una locura que el Estado no tenga ningún control sobre el sector”

El periodista Germán Mangione analizó los anuncios del Gobierno sobre la intervención de la empresa cerealera.

Foto: La Brújula Comunicación

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención del Gobierno nacional en la empresa Vicentin, que se encuentra en concurso preventivo de crisis. En la conferencia de prensa, de la que participaron el ministro de Producción, Matías Kulfas, y la senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, el mandatario argentino adelantó que enviarán un proyecto de ley al Congreso para su estatización.

En ese marco, el periodista Germán Mangione, que viene siguiendo e investigando la situación de Vicentin y sus vínculos con el poder político, analizó el recorrido de la empresa hasta llegar a los anuncios de ayer. “La empresa anuncia el estrés financiero el 4 de diciembre del año pasado y la verdad que sorprendió a todos, principalmente a los 2.638 acreedores que se enteraron que no iban a cobrar su deuda”, recordó.

En ese sentido, el periodista destacó que la sorpresa es mayor aún si se tiene en cuenta que la firma Vicentin venía creciendo y expandiéndose hacia otros rubros comerciales. “Vicentin está dentro de un sector al que le viene yendo bárbaro. Es uno de los pocos sectores que viene creciendo y que inclusive en medio de la pandemia no detuvo su marcha un segundo, como lo es la agroexportación”, expresó y agregó: “Todavía no está claro por qué la empresa dejó de pagar y por eso hay varias investigaciones en curso”.

“Era una locura que un Estado no tenga ningún control sobre este sector: sobre la fijación de precios sobre los productores, sobre el destino y precio de las comercializaciones, sobre el ingreso del dólar. No está solo en juego la soberanía alimentaria o la posibilidad de definir la comercialización de alimentos que es muy importante, sino que también se abre la discusión de la soberanía monetaria, la soberanía comercial, y eso es una buena noticia”, evaluó.

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Autobombo

La toma, 20 años: “Fuimos viendo que la lucha eficaz es la lucha colectiva y compartida”

Este sábado se conmemoraron los 20 años de La Toma y Aire Libre estuvo presente con una transmisión especial durante toda la jornada.

Las organizaciones que conforman el Centro Cultural de La Toma celebraron este sábado los 20 años de la asamblea en la que se definió tomar las instalaciones del ex supermercado Tigre, luego de que un grupo empresario vaciara el lugar de manera fraudulenta. Durante la jornada hubo ferias, presentaciones culturales, y una transmisión especial de Aire Libre con una radio abierta por donde pasaron voces de las distintas organizaciones que forman parte del espacio. “Fuimos viendo que la lucha eficaz es la lucha colectiva y compartida”, expresó Carlos Ghioldi, referente del espacio, durante el acto central.

palabras de carlos ghioldi

A pesar de las leyes de expropiación que fueron impulsadas durante distintos gobiernos provinciales, sobre el lugar pesa aún una orden de desalojo que ya lleva 20 años. Actualmente, el lugar es sostenido por más de 50 organizaciones sindicales, cooperativas, organismos de Derechos Humanos, sociales y políticas. Todas celebraron los 20 años de resistencia y lucha obrera.

“El desafío es que todas las organizaciones populares asuman con nosotros la decisión de mantener este edificio al servicio del pueblo y los trabajadores, como un espacio público, no estatal, construido por el propio movimiento obrero y popular de la región”, remarcó Ghioldi durante su discurso. 

Transmision especial 20 años de la toma

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Comunidad

Organizaciones de Inquilinos defienden la ley: “Toca los intereses del mercado inmobiliario”

Sebastián Artola, de la Defensoría de Inquilinos de Rosario, se refirió a las críticas del gobierno a la Ley de Alquileres: “Se plantean desde el punto de vista del negocio inmobiliario”.

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó la Ley de Alquileres aprobada en 2019 en el Congreso y abrió el debate: ¿fracasó la normativa? Desde las organizaciones impulsoras de la iniciativa salieron a manifestar su preocupación por las declaraciones de funcionarios oficialistas. Desde la Federación de Inquilinos a nivel nacional apuntaron contra la capacidad del gobierno para garantizar su aplicación: “Lo que fracasó es la política de vivienda del ministerio de Hábitat”

En declaraciones a Aire Libre, Sebastián Artola, titular de la Defensoría de Inquilinos de Rosario, manifestó su preocupación por el debate que se abre: “Las declaraciones se plantean más desde el punto de vista del mercado y el negocio inmobiliario que desde la realidad que padecen los inquilinos”.

Asimismo, el dirigente consideró que la ley “es perfectible” y aclaró que se trata de un punto de partida para la conquista de derechos de los inquilinos. “Buena parte de los problemas que padecen hoy los inquilinos no tienen que ver precisamente con los aspectos que regula la ley, sino con los que no regula”, explicó. “Nosotros no vemos que haya una política de acceso a la vivienda por parte del Ministerio de Hábitat, más bien hay una lógica neoliberal en la política de vivienda de Nación”, expresó y agregó: “La realidad es que la ley toca intereses y son los del mercado.

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Noticias

Traferri denunció a los fiscales que investigan la causa de juego clandestino: “El objetivo es frustrar las investigaciones”

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA repudiaron el hecho y apuntaron contra la dirigencia política: “La Legislatura actuó corporativamente”.

El senador Armando Traferri denunció ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por realizar “espionaje clandestino” en la causa por juego clandestino donde el propio legislador está siendo investigado. Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), compartieron un duro comunicado donde repudian la denuncia. “El objetivo es frustrar las investigaciones que se están llevando a cabo”, consideró la fiscal Luciana Valarella.

En declaraciones a Aire Libre señaló que el temor de la organización es que se caigan las investigaciones y apuntó contra la “pasividad” de la dirigencia política: “La Legislatura actuó corporativamente al momento de no permitir el desafuero para poder imputar al senador Traferri por los delitos en los que se lo está investigando”.

“Esperamos que se pueda seguir avanzando y que se permita llevar esta imputación de Traferri a un juez, que es para que justamente controle la investigación y se tomen las decisiones que se deban tomar”, agregó.

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