El gobierno nacional suspendió este domingo a la tarde el registro de declaraciones juradas para ventas al exterior para dos subproductos de la oleaginosas de la soja particularmente, esto es, la exportación de harina y aceite de soja. La Argentina produce entre  40 y 45 millones de toneladas del poroto de la soja y exporta el 95 por ciento. Unas 35 millones de toneladas se procesan en las fábricas locales y solo se exporta sin procesar unas 8/10 millones de toneladas anuales. Sólo ocho empresas exportan más del 90 por ciento de la producción nacional, y sus exportaciones dependen más de los mercados que de la ecuación económica interna, es decir, que con esta medida sobre los derechos de exportación, la ecuación todavía es positiva, por lo que no afectaría radicalmente a estas empresas.

La comisión de seguimiento de Vicentín presentó este martes el cuarto informe donde abordan el detalle de las tareas realizadas desde ese espacio. La novedad coincidió con la audiencia contra 14 de los directivos de Vicentin, imputados por defraudación y estafa. “Uno ve que la Justicia está funcionando”, consideró el diputado provincial Luis Rubeo.

En declaraciones a Aire Libre, el legislador brindó detalles del nuevo informe y resaltó que se sigue trabajando en favor de los orígenes con los que se conformó la comisión: La defensa irrestricta de los puestos de trabajo, tratar de evitar la extranjerización de la empresa, y saber qué pasó con el dinero. “Acá hay un faltante de 1500 millones de dólares. No lo decimos nosotros, lo dicen los síndicos”, recordó.

En cuanto a las imputaciones contra los directivos de la empresa, Rubeo consideró que se trata de un caso “de estricta justicia” en la Argentina. “Porque si no es inexplicable. Si no hubo malversación o estafa, es inexplicable cómo se llegó a esta instancia”, señaló. 

Los trabajadores de la planta petroquímica de Dow se mantienen en alerta y advierten que la firma busca desmantelar las empresas antes de lo previsto. Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato Obreros Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) de San Lorenzo, señaló que este miércoles participarán de una reunión entre las distintas partes del conflicto pero adelantó medidas de fuerzas: “Para nosotros la conciliación obligatoria está rota porque ellos dejaron de producir en una planta”.

En declaraciones a Aire Libre, el dirigente gremial recordó que la firma había anunciado un cierre paulatino con fecha en marzo de 2022 y los trabajadores contaban con que en ese tiempo se puedan encontrar soluciones concretas. Sin embargo esta semana advirtieron que el cierre podría darse el próximo mes: “Son cuatro plantas las que están en el complejo. Ya avisaron que en octubre deja de producir una y en noviembre estarían parando otra. Ellos dicen que pueden estar continuando con una producción mínima hacia mayo”.

Para Brizuela ese es el objetivo de la firma que es cerrar para comenzar a producir desde Brasil. Este miércoles habrá una reunión entre las distintas partes, donde los trabajadores exigirán  los informes económicos así como también el plan de cierre de la firma. “Son una multinacional que se creen todopoderosos. No han respetado la mesa y para nosotros, cuando ellos dejan de producir, la conciliación obligatoria se rompe”, manifestó.