El gobierno nacional suspendió este domingo a la tarde el registro de declaraciones juradas para ventas al exterior para dos subproductos de la oleaginosas de la soja particularmente, esto es, la exportación de harina y aceite de soja. La Argentina produce entre  40 y 45 millones de toneladas del poroto de la soja y exporta el 95 por ciento. Unas 35 millones de toneladas se procesan en las fábricas locales y solo se exporta sin procesar unas 8/10 millones de toneladas anuales. Sólo ocho empresas exportan más del 90 por ciento de la producción nacional, y sus exportaciones dependen más de los mercados que de la ecuación económica interna, es decir, que con esta medida sobre los derechos de exportación, la ecuación todavía es positiva, por lo que no afectaría radicalmente a estas empresas.

Los ejecutivos de Vicentin no quedarán detenidos. Así lo resolvió el juez Román Lanzón que lleva adelante las audiencias por estafas contra la dirección de la empresa, y de esta manera seguirán el proceso judicial en libertad. No obstante,  Gustavo Feldman, abogado de los acreedores de Vicentin, señaló que la imputación “fue contundente”.

En declaraciones a Aire Libre, Feldman brindó detalles del proceso judicial y remarcó que puede terminar con condenas de prisión efectivas: “La cantidad de delitos imputadas es muy alta. Con la agravación de penas que tiene cada uno de esos delitos, y el sistema de acumulación jurídica que prevé el Código Penal Argentino, podría perfectamente arribarse a condenas que excedan los tres años y ya implicaría ejecución efectiva”.

Además, el abogado explicó que hubo “una doble actuación” que configura la estafa por la que están imputados los directivos: “Primero simulando una estructura económica y financiera próspera para captar el grano, no pagarlo, y usarlo como propio. Y a posteriori, con los bancos hubo una disimulación del estado de cesación de pagos en el que ya venían incurriendo con los productores”.

La comisión de seguimiento de Vicentín presentó este martes el cuarto informe donde abordan el detalle de las tareas realizadas desde ese espacio. La novedad coincidió con la audiencia contra 14 de los directivos de Vicentin, imputados por defraudación y estafa. “Uno ve que la Justicia está funcionando”, consideró el diputado provincial Luis Rubeo.

En declaraciones a Aire Libre, el legislador brindó detalles del nuevo informe y resaltó que se sigue trabajando en favor de los orígenes con los que se conformó la comisión: La defensa irrestricta de los puestos de trabajo, tratar de evitar la extranjerización de la empresa, y saber qué pasó con el dinero. “Acá hay un faltante de 1500 millones de dólares. No lo decimos nosotros, lo dicen los síndicos”, recordó.

En cuanto a las imputaciones contra los directivos de la empresa, Rubeo consideró que se trata de un caso “de estricta justicia” en la Argentina. “Porque si no es inexplicable. Si no hubo malversación o estafa, es inexplicable cómo se llegó a esta instancia”, señaló.