Caso Vicentin: “Lo más costoso que estamos teniendo es el enfrentamiento social”
Sebastián Lagraña, vicepresidente del Instituto de Derecho Constitucional de Abogados de Santa Fe, analizó el reciente fallo de la Justicia por el caso Vicentin.
El pasado viernes el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de Vicentin por un plazo de 60 días, disponiendo que el interventor designado por el Poder Ejecutivo quede como veedor. La resolución del juez fue criticada por dirigentes de distintos sectores y también por especialistas en el ámbito del derecho.
En ese marco, Sebastián Lagraña, vicepresidente del Instituto de Derecho Constitucional de Abogados de Santa Fe, hizo un repaso de los hechos que llevaron a Lorenzini a su resolución. “Desde Vicentin presentan un pedido de inconstitucionalidad al DNU del Gobierno, que nombran a los interventores. El juez aclara que no puede manifestarse al respecto. Cosa que no es así porque todos los jueces pueden plantear la constitucionalidad e inconstitucionalidad frente a una situación como esta”, explicó.
Asimismo, Lagraña agregó que el juez de Reconquista, en la misma resolución, corre la figura del interventor y los nombra veedores, y vuelve a incorporar a los directivos de Vicentin. “En derecho eso se llama una medida autosatisfactiva: es decir que no se consulta a la contraparte, en este caso el Estado nacional, y se toma una resolución anticipada acerca de cómo va a continuar la empresa”, expresó.
“Es algo extraño porque no está pedido por la contraparte. Si esto hubiese sido interpuesto por los abogados de Vicentin, yo diría que el juez tiene que escuchar a las partes y tomar una decisión. Pero en este caso no hubo ese pedido expreso, solamente se pedía la declaración de inconstitucionalidad del decreto”, explicó y agregó: “Es decir, les saco todo pero quédense y vemos como convivimos”.
Por último, Lagraña consideró que esta disputa “repercute en toda la sociedad” y eso se vio reflejado con las movilizaciones a favor y en contra de la intervención: “Lo más costoso que estamos teniendo en este contexto es el enfrentamiento social. Lo lógico sería que la empresa pueda funcionar. Pero si no puede funcionar, que deje en manos del juez la decisión sobre cómo afrontar esas deudas y las alternativas para producir el salvataje. Pero el discurso instalado en la sociedad pareciera ser expropiación o no expropiación, comunismo o sistema democrático argentino”.
