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Debate por la ley de ART: “Ningún partido popular puede apoyar una ley que va contra los intereses populares”

Matilde Bruera, diputada provincial del PJ, manifestó su rechazo a la posible adhesión de Santa Fe a la ley de ART.

Este martes distintos gremios rosarinos manifestaron su rechazo a la posible adhesión de Santa Fe a la ley nacional de ART. La normativa, que tiene origen en el Gobierno de Mauricio Macri, logró media sanción en la Cámara de Senadores de la Legislatura santafesina y es reimpulsada por el gobernador Omar Perotti que busca la sanción definitiva. Sin embargo, la normativa no tiene el consenso de todo el sector oficialista.

Matilde Bruera, diputada provincial del bloque justicialista, manifestó su rechazo a la iniciativa y estuvo presente en el encuentro de los gremios. “La convocatoria fue para expresar públicamente que tanto los gremios presentes, como los diputados presentes, rechazamos la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe de la adhesión a la Ley nacional de ART”.

“Los gremios expresaron su opinión de cómo los perjudica esta ley, que les impide acceder a la Justicia directamente, como cualquier ciudadano, para reclamar un derecho”, expresó la legisladora. En ese sentido también explicó los cambios que propone la normativa al “paradigma proteccionista” que tienen los trabajadores hoy en cuánto a sus derechos: “A lo difícil que es ya reclamar ante la Justicia, le agrega un trámite largo y burocrático. Pero además esas comisiones están vinculadas a la ART. Es decir que lo obligan a ir a reclamar un derecho al mismo que se lo negó. Es romper todos los parámetros constitucionales”.

Bruera consideró que la ley es “un emblema del ajuste laboral del macrismo” y apuntó contra los dirigentes de su propio espacio por impulsar la normativa en Santa Fe: “Creo que ningún partido de raigambre popular pueden apoyar una ley que va contra los intereses populares, y mucho menos el peronismo. Es el peronismo el que impone el paradigma de la relación laboral”.

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Milagro Sala cumple siete años detenida

Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa en la sede de ATE Capital para exigir la libertad de Milagro Sala. Específicamente, las agrupaciones reclaman que el presidente Alberto Fernández firme el indulto para la referente de la Tupac Amaru. 

Milagro Sala cumple siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe que exigía respuestas al gobernador Gerardo Morales sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. El delito de “instigación a cometer ilícitos y tumultos” fue el comienzo de una acumulación de causas y condenas que mantienen a la dirigente social bajo arresto domiciliario desde el 16 de enero de 2016. 

Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa en la sede de ATE Capital para exigir la libertad de Milagro Sala. Específicamente, las agrupaciones reclaman que el presidente Alberto Fernández firme el indulto para la referente de la Tupac Amaru. 

Además, el Comité por la Libertad de Milagro Sala envió una carta al mandatario argentino para “poner en su consideración los argumentos jurídicos y políticos que habilitan la aplicación de la figura del indulto a la dirigente Milagro Sala, ex parlamentaria de la Legislatura jujeña” y reiterar “las circunstancias que definen el caso como de persecución política con propósitos de proscripción permanente”. 

Hay herramientas que la Constitución le autoriza al presidente poder disponer y ordenar la libertad de Milagro”, afirmó Luis Paz, abogado de Milagro, en diálogo con Radio Gráfica. 

Por otro lado, se refirió a los motivos por los que el juicio en la causa conocida como Pibes Villeros  -entre junio de 2018 y enero de 2019- estuvo rodeado de irregularidades. 

“Habíamos ofrecido con el equipo de defensa 86 testigos. Solamente nos permitieron seis. La razón nunca la supimos. Una resolución del Tribunal Oral donde dice que solamente van a permitir esa cantidad de testigos”, expresó.

También contó que los medios de comunicación podían cubrir el juicio “bajo una declaración de confidencialidad”. “Tenían prohibido el ingreso a la sala de audiencia con un grabador, papel o lápiz, no se podía registrar el juicio oral y público”, añadió. 

Otra violación al proceso de Milagro fue la expulsión de Milagro de la sala de audiencias durante más de 60 días. Sufrió gran parte de su juicio oral y público sin poder defenderse de las acusaciones y sin poder defenderse o contrarrestar lo que decían los testigos de la fiscalía o la querella”, continuó. 

El letrado señaló que cada uno de los “agravios” fueron “expresa y puntillosamente sostenidos en los distintos órganos de revisión de la condena de Milagro y la integración de esta Corte no tuvo la dignidad de revisar. Tuvo casi tres años paralizado el expediente”. 

Por último, criticó que una vez conocida la ratificación de la condena en diciembre último, “lo primero que hizo el gobernador (Gerardo Morales) fue pedir la cárcel”. Sin embargo, explicó que existe una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana y otra provisional por parte de la Corte Interamericana “que le ordena al Estado argentino que Milagro debe transitar su proceso y la condena ahora en la prisión domiciliaria por razones de salud físico y psíquicas”. 

Por lo tanto, “ese pedido que hace el gobernador a través del fiscal de Estado de la Provincia y de los fiscales en el Juzgado de Ejecución de Pena son pedidos que tienen una gravedad institucional supina puesto que está pidiendo a los funcionarios del Poder Judicial que violen la Constitución”, finalizó. 

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El Gobierno amplió la asignación para niños y niñas que viven en residencias y hogares

El presidente Alberto Fernández anunció en Mar del Plata la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales que viven en dispositivos de cuidado residencial o familiar. 

La ampliación de la AUH será para 9 mil chicos y chicas en todo el país. “Ellos tienen el mismo derecho que cualquier chiquito y chiquita que lo necesita en Argentina. Lo que estamos haciendo es ampliando los derechos y llegando a ellos porque lo están necesitando”, expresó el mandatario argentino acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y la directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.

“Desde chiquitos escuchamos y aprendimos que donde hay una necesidad nace un derecho, a pesar de lo que dice algún juez. Evita vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños, hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces”, continuó el jefe de Estado. 

Por su parte, la titular de Anses, destacó el trabajo de los cuidadores y cuidadoras. “Créanme que soy una convencida que además de construir condiciones materiales, tenemos que construir condiciones afectivas y amorosas. Soy testimonio de quien puede crecer rodeado de amor puede ser feliz”, manifestó Raverta.

Yo quiero agradecerles a quienes están acá, que ahora van a tener una ayuda más del Estado, pongan todo lo que tienen para poner, todos los abrazos, la alegría y el amor porque esos nenas y nenes se merecen ser felices igual que los nenes y nenas que crecen con sus familias”, añadió.

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Bono para trabajadores formales y para el Potenciar Trabajo

Así lo definieron el ministro de Economía Sergio Massa, y las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos junto al presidente de la Nación. Ambos bonos empezarán a pagarse este mes.

El gobierno nacional anunció que pagará un bono de fin de año para trabajadores y trabajadoras formales y otro para quienes cobran el programa Potenciar Trabajo.

Para quienes estén en relación de dependencia y ganen hasta tres salarios mínimo vital y móvil, el bono será de $24 mil a pagarse por única vez y se acreditará durante diciembre.

En el caso de las 1.300.000 personas que cobran el Potenciar Trabajo el bono será de $13.500 a pagarse en dos cuotas de 6.750. La primera será la semana que viene, antes de Navidad, mientras que la segunda durante los primeros días de enero 2023.

La ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos explicó que el bono para trabajadores en relación de dependencia abarcará a aquel “cuyos ingresos a diciembre asciendan por todo concepto, menos el aguinaldo, a tres salarios mínimos vital y móvil”.

Ese bono es el producto además de un esfuerzo compartido con el Estado, en el caso de las empresas pyme, donde el Estado absorberá el 50% a través de la deducción de los anticipos de impuestos a las ganancias”, agregó.

Por su parte, la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, informó que el bono alcanzará “a toda la nómina del último padrón que se abonó el 7 de diciembre” y detalló que el pago del mismo será el próximo 21 del mes.

El pago de la segunda cuota será el 6 de enero, “momento en el que la validación de identidad que es un mecanismo que venimos levando en todo el Potenciar Trabajo esté concluida”. 

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